Es imprescindible defender la presunción de inocencia: que se investigue a fondo y con rigor cualquier indicio de corrupción, pero sin convertir la instrucción en un circo mediático que prejuzgue a las personas implicadas. Al mismo tiempo, quienes somos progresistas no podemos permitir la utilización partidista de la justicia ni la estigmatización de las políticas sociales llamándolas despectivamente “ministerios ideológicos”: la igualdad, los derechos y la defensa de las personas vulnerables no son propaganda, son política pública. La crisis de Ceuta exige menos teatrillo y más responsabilidad: necesitamos transparencia sobre lo ocurrido, cooperación europea y políticas migratorias que respeten los derechos humanos. Si hay responsabilidades, que se depuren; si no las hay, que no se use la causa como arma contra un Gobierno. También hace falta avanzar en la independencia real del poder judicial y en medidas que eviten la politización del CGPJ y de la fiscalía: la democracia se defiende con instituciones fuertes, imparciales y transparentes. Finalmente, la lucha contra la corrupción debe ser coherente y sistémica: contratos públicos claros, control ciudadano y sanciones efectivas cuando proceda, estemos donde estemos en el espectro político. Solo así recuperaremos la confianza en lo público y protegeremos a la mayoría frente a los abusos.