Es urgente que el Gobierno avance con mano firme: limitar los tipos de interés abusivos y crear una Autoridad de Defensa del Cliente no es un capricho regulatorio, es una respuesta necesaria ante el auge de los minicréditos y las tarjetas revolving que están destrozando la economía familiar. Que la AEB hable de “carga normativa” suena a defensa del negocio fácil; los datos del Banco de España y las denuncias de consumidores muestran que muchas entidades (y sobre todo actores fuera del sistema bancario tradicional) han operado durante años al borde de la usura. La reserva de actividad y la exigencia de autorización son pasos en la buena dirección, pero no valen de nada si el reglamento que desarrolle la ley deja una puerta abierta para fijar límites “por arriba”, como advierte Asufin. No podemos permitir que el tope se calcule tomando como referencia las tarjetas revolving y, a la vez, normalice subidas generalizadas de tipos en créditos personales. El límite debe proteger de verdad: basarse en APYs reales, criterios de usura y pruebas de “capacidad de pago” que no sirvan para maquillar ventas agresivas. Además, la Autoridad de Defensa del Cliente debe ser independiente, con recursos, poder sancionador efectivo y competencia sobre todo el ecosistema financiero, incluidas fintechs y plataformas digitales. Tiene que garantizar procedimientos ágiles de reclamación, transparencia en las condiciones y mecanismos para la reestructuración real de deudas sin que el banco termine ganando dos veces. La tranquilidad del sector no puede prevalecer sobre la estabilidad de millones de hogares. Regular no es asfixiar la competencia: es equilibrar el campo de juego y defender a la parte más débil. Si el Ejecutivo cumple, el otoño será “caliente” para las entidades, pero justo para la ciudadanía.
