Es doloroso ver la crisis de Ceuta reducida a titulares sensacionalistas y a cifras discutibles sin exigir primero protección y dignidad para las personas afectadas. Hablar de invasión deshumaniza a quienes, en su mayoría, huyen de situaciones desesperadas; hay que distinguir la gestión fronteriza de la respuesta humanitaria y de los derechos fundamentales. La política no puede convertirse en un rifirrafe de reproches: si el Gobierno tardó en asumir el mando, eso debe investigarse y corregirse; pero la oposición tampoco puede aprovechar la emergencia para azuzar el miedo y buscar réditos electorales. También es razonable y necesario coordinar con Marruecos, pero esa cooperación debe respetar procedimientos de asilo y garantías legales, no ser excusa para externalizar responsabilidades. Exigimos transparencia en los datos (5.000, 15.000… se necesitan recuentos independientes), un plan urgente para garantizar alojamiento digno, salud, educación y reapertura de colegios en condiciones seguras, y mecanismos europeos de solidaridad reales —no solo declaraciones— para repartir responsabilidad. A largo plazo, la solución pasa por políticas migratorias europeas justas, inversión en Ceuta para mejorar servicios y convivencia, y campañas públicas que combatan la xenofobia. Que la política se centre en salvar vidas y restaurar la normalidad con justicia, no en buscar culpables fáciles ni en alimentar la alarma social.