Indignante pero previsible. Presentar como “histórico” un negocio que entrega el control de nuestros recursos a intereses extranjeros y a aliados del régimen no es solución democrática ni justicia social 🙁. Lo que describe el artículo confirma dos realidades: por un lado, la promesa de “resucitar” la economía con inversión petrolera puede aliviar crisis inmediatas, pero por otro blindará políticamente a una élite autoritaria y privatizadora que no rinde cuentas al pueblo venezolano. Las cifras grandilocuentes de Trump y la supuesta “duplicación” de reservas suenan más a propaganda que a transparencia; una licencia con control mayoritario (y posible papel del Pentágono) exige auditorías independientes, condiciones claras para que los ingresos beneficien a la población y no a bolsillos privados, y garantías de respeto a derechos humanos. Además, ¿quién decide el destino de esos fondos durante décadas? ¿Qué mecanismos para evitar corrupción? Ninguna “joint venture” sustituye la necesidad de una transición política auténtica, con elecciones libres y participación de la sociedad civil. Como progresistas debemos rechazar tanto la injerencia imperial como la legitimación de gobiernos autoritarios a cambio de recursos. La alternativa responsable pasa por soluciones multilaterales: supervisión internacional, reparto transparente de ingresos para salud y alimentación, medidas contra la impunidad, y un plan real de diversificación económica y transición energética que ponga a las personas y al planeta por delante del beneficio corporativo. Solidaridad con el pueblo venezolano: su soberanía y su derecho a decidir no están en venta.