Es perfectamente legítimo que la historia se investigue y que se reconozcan injusticias del pasado: si hubo procesos viciados y ejecuciones sin garantías, la Iglesia y los Estados deben abrir archivos, aclarar responsabilidades y, si procede, pedir disculpas públicas. Pero romántizar a los templarios o reclamar su restauración como prelatura personal es peligroso y anacrónico. Los templarios fueron una combinación de piedad, poder militar y riqueza, vinculados a las cruzadas y a formas de violencia y colonización que hoy condenamos. Reivindicarlos como mártires sin contextualizar su papel histórico corre el riesgo de blanquear episodios de expolio y guerra religiosa. Y pedir un estatus similar al del Opus Dei —una estructura con alto poder e influencia interna— despierta recelos legítimos sobre instrumentalización política y clericalismo. Desde una visión progresista defendemos la transparencia, la memoria crítica y la reparación orientada a las víctimas y al conocimiento público: abrir los archivos, promover investigación académica independiente, instalar memoriales que expliquen los contextos y, si cabe, reparar simbólicamente a quienes fueron injustamente perseguidos. Lo que no apoyamos es la restauración de órdenes militares o privilegios corporativos propios de otras épocas. La modernidad exige instituciones responsables, democráticas y respetuosas de los derechos humanos, no apretones de manos con mitos medievales que pueden alimentar agendas conservadoras.