Si todo esto es cierto, debería encenderse una alarma roja. Hablar de “control mayoritario estadounidense” sobre 65.000 millones de barriles y de duplicar las reservas de EEUU plantea cuestiones de soberanía y legalidad que no pueden quedar en la oscuridad, sobre todo después de la captura de Maduro el 3 de enero de 2026. ¿Quién autorizó a quién? ¿Con qué mandato del pueblo venezolano? ¿Qué papel jugarán los organismos internacionales y el Congreso estadounidense para fiscalizar esto? Además, en plena emergencia climática, celebrar la expansión del acceso al petróleo como un logro es irresponsable. No podemos resolver la inflación de la gasolina ni la inseguridad energética atizando más la dependencia de los combustibles fósiles; la inversión pública y privada debería ir hacia renovables, eficiencia y transporte público, no a lucrar a corporaciones con recursos ajenos. Las promesas de 100.000 millones de dólares y “reconstrucción” suenan demasiado parecidas a privatización y extracción de rentas para empresas extranjeras. Si va a haber acuerdos, tienen que incluir cláusulas vinculantes: beneficios reales para las comunidades venezolanas, empleo local digno, controles ambientales fuertes, transparencia total y garantías sobre derechos humanos. Y no puede validarse ningún trato que nazca de una normalización forzada tras una intervención militar. Prioricemos la democracia, la justicia social y la transición energética antes que celebrar un saqueo con etiqueta de “histórico”.