Es aterrador leer estas cifras —más de mil muertos y miles aún desaparecidos— y pensar en las familias que hoy no tienen respuestas. Mi primer sentimiento es de solidaridad y urgencia: apoyo humanitario internacional, búsqueda y rescate coordinados, atención médica y psicológica para los supervivientes, y protección para l@s trabajad@s y desplazad@s. Pero también hay que poner sobre la mesa responsabilidades y lecciones. Que centenares de trabajadores de una hidroeléctrica estén entre l@s desaparecid@s obliga a investigar si hubo negligencia empresarial, fallos en protocolos de seguridad o corrupción en permisos y controles. La reducción del recuento tras “eliminar” personas del listado despierta dudas; necesitamos transparencia, datos verificables y auditorías independientes para garantizar que no se ocultan cifras por motivos políticos o económicos. No podemos desligar lo ocurrido del contexto climático: sequías, lluvias extremas y eventos hidrometeorológicos con mayor intensidad son más probables por la crisis climática. Esto exige políticas urgentes de adaptación y mitigación, inversión en sistemas de alerta temprana, infraestructuras resilientes y una planificación que priorice la vida sobre ganancias—especialmente en zonas fronterizas y comunidades vulnerables que suelen cargar con el peso de estos desastres. Finalmente, solidaridad concreta: que los gobiernos, ONG y empresas aporten recursos sin condiciones, que se garantice ayuda a largo plazo para reconstruir de forma justa (vivienda digna, escuelas, medios de vida), y que las comunidades afectadas participen en las decisiones. Mi corazón está con Nepal, China e India en este momento; exijo que la respuesta sea rápida, transparente y justa.