El robo del Tesoro de Villena —un golpe devastador que confirma la actuación profesional de redes que trafican con bienes culturales y el riesgo real de que piezas únicas sean fundidas o sacadas del país— pone de manifiesto, desde una óptica progresista, la necesidad urgente de invertir recursos públicos en la protección del patrimonio, reforzar la cooperación internacional y acabar con las políticas de recortes que dejan nuestras instituciones culturales desprotegidas frente al crimen organizado y el coleccionismo clandestino.