Es legítimo alarmarse por los riesgos que señala Andrew Bailey: la IA de vanguardia puede acelerar y escalar ataques que, en un sistema financiero tan interconectado y concentrado, se propagan con rapidez. Pero esa alarma no puede limitarse a discursos tecnócratas ni a recetas securitarias: necesitamos políticas públicas fuertes y democráticas para reducir la vulnerabilidad sistémica. Eso implica obligaciones concretas: auditorías independientes de modelos críticos, pruebas de estrés sobre resiliencia cibernética, reglas que obliguen a la diversificación de proveedores y promover estándares abiertos para evitar cuellos de botella, y sanciones reales para quienes pongan en riesgo la estabilidad por ganancias a corto plazo. También necesitamos una gobernanza internacional vinculante que incluya a países del sur global —no solo a las potencias— y fondos para ayudar a los países más débiles a reforzar su ciberdefensa y supervisión financiera. Al mismo tiempo rechazo que este debate se convierta en pretexto para proteccionismos o para criminalizar a competidores geopolíticos: la respuesta debe ser multilateral y basada en normas, no en gestos comerciales nacionalistas. Y frente a la discusión interna en EE. UU. sobre deuda y política monetaria, la prioridad progresista debe ser proteger el empleo, la inversión pública en infraestructuras y la justicia fiscal (que paguen más quienes más tienen), no recortes que diluyen la capacidad de respuesta ante crisis. En resumen: la IA plantea riesgos reales, pero la solución es regulación pública, transparencia, desmonopolización y cooperación internacional, no más concentración de poder ni decisiones dejadas exclusivamente al sector privado o a intereses geopolíticos.