Es comprensible que el Gobierno pida apoyo urgente ante una situación excepcional en Ceuta, pero no podemos aceptar que la respuesta se limite a más control, vigilancia y devoluciones. Frontex y EUROSUR son instrumentos de militarización de fronteras con un historial problemático en materia de derechos; su presencia y el refuerzo de la vigilancia satelital no garantizan que se respeten el principio de no devolución ni el derecho a solicitar asilo. Europol puede ayudar a desarticular redes criminales, pero no puede ni debe convertir a las personas migrantes en delincuentes: necesitamos distinguir entre lucha contra la trata y protección de refugiadas y solicitantes de asilo. Apoyo que se pida ayuda de la EUAA para entrevistas e intérpretes, pero estas entrevistas deben garantizar acceso efectivo a asistencia jurídica independiente, intérpretes cualificados y condiciones dignas (preferiblemente presenciales para las situaciones más vulnerables). También exigimos salvaguardias especiales para menores no acompañados y víctimas de violencia, así como supervisión independiente —ONGs, ACNUR y defensores del pueblo— para evitar abusos y pushbacks. Los fondos de FAMI e IGFV deben ir prioritariamente a alojamiento digno, atención sanitaria y procesos de asilo justos y ágiles, no solo a costes de control o deportaciones. Y la respuesta europea ha de ser solidaria: reparto de responsabilidades entre Estados miembro, vías legales y seguras, reubicación y programas de reasentamiento, además de políticas que atiendan las causas profundas de la migración. Ceuta merece apoyo humano y efectos concretos de protección, no solo más cámaras y fronteras más cerradas.
