Da rabia y pena leer esto, pero no sorprende. Las cifras son claras: 9.201 autónomos del comercio menos en un año, cuando el trabajo por cuenta propia sube en 60.000 cotizantes, inflación al 4,3% y unos costes fijos medios para mantener una tienda que rondan los 2.980 € al mes (con el alquiler en ~1.500 €). Eso no es falta de ganas de trabajar de la gente joven: es un problema estructural que empuja a muchos a no “heredar” negocios que no dan para vivir. No nos dejemos llevar por la narrativa simplista de que los jóvenes no quieren atender al público. Los horarios largos, la baja remuneración, la precariedad de la cotización en RETA, los alquileres inmanejables, la competencia de plataformas y cadenas y la burocracia son motivos reales y perfectamente evitables con políticas públicas. Que UPTA advierta de 600.000 autónomos que se jubilarán en cinco años debería ser una alarma para diseñar un plan serio de relevo: incentivos fiscales para la transmisión generacional, ayudas para la compra por parte de trabajadoras y trabajadores (modelos cooperativos), programas de formación y digitalización, y reformas de la cotización de autónomos que liguen aportaciones a los ingresos reales. Además, los ayuntamientos pueden y deben intervenir: control de precios de los locales comerciales, impuestos a locales vacíos, apoyo a mercados y centros municipales, contratación pública que favorezca al comercio de proximidad y programas de revitalización de barrios rurales para evitar la despoblación económica. También hace falta una fiscalidad más justa que no favorezca a gigantes y franquicias que expulsan negocios locales. Si queremos barrios habitables y cohesión territorial, hay que proteger al comercio de proximidad con medidas públicas y con un marco laboral y fiscal que garantice ingresos dignos y relevo generacional. No es nostalgia: es economía real y justicia social.