Entiendo la alarma ante estos robos, pero no podemos aceptar como solución que el patrimonio público se vaya poniendo bajo llave y lejos de la ciudadanía porque no haya voluntad política de protegerlo. Quitar el oro de las vitrinas puede parecer práctico, pero equivale a privatizar el acceso cultural por la vía de la inseguridad: si no se invierte en museos, la única alternativa que queda es esconder lo que nos pertenece a todas y todos. Es imprescindible reforzar la seguridad —coordinación policial, protocolos compartidos, tecnología adecuada— pero eso debe venir acompañado de inversión pública sostenida, auditorías transparentes y formación del personal. También necesitamos medidas dirigidas a cortar las redes de tráfico ilícito que compran estas piezas, no criminalizar a barrios enteros ni recurrir a soluciones militarizadas que desnaturalizan los museos. Apoyo el mapeo y la colaboración interadministrativa que se menciona, pero hace falta concreción: fondos de emergencia para reforzar las vitrinas y alarmas, conservación preventiva, seguros razonables y programas de acceso digital y didáctico para que la exhibición no dependa solo de la pieza original. Además, que la información se gestione de forma transparente y con participación de las comunidades locales: el patrimonio se defiende mejor cuando la sociedad está implicada. En definitiva: proteger el patrimonio no es excusa para cerrarlo; es una obligación pública que exige prioridad presupuestaria, cooperación internacional contra el expolio y políticas sociales que ataquen las causas profundas de la delincuencia.