Me parece bien que se actúe contra redes organizadas que lucran con contenidos robados y exponen a los usuarios a fraudes y malware; nadie defiende que los derechos de propiedad intelectual se vulneren impunemente ni que la piratería sea la tapadera de delitos más graves. Dicho esto, hay varios puntos que me preocupan desde una perspectiva liberal y progresista. Primero, la lucha contra la piratería no puede convertirse en la externalización ilimitada de funciones públicas a los intereses privados de una patronal: bloquear dominios debe ser proporcional, sujeto a control judicial y con transparencia sobre quién decide y con qué criterios. Segundo, atacar los síntomas sin abordar las causas (precios elevados, fragmentación de derechos, ausencia de alternativas asequibles) sólo empuja a consumidores con pocos recursos hacia soluciones más riesgosas o a redes aún más clandestinas; la equidad en el acceso cultural importa. Es legítimo alertar sobre riesgos para menores y fraudes publicitarios, pero esas preocupaciones exigen también políticas públicas: educación digital, regulación de la publicidad en línea, y mecanismos reales de protección de datos y control parental, no sólo cierres de páginas. Además, la cooperación transnacional debe respetar marcos legales y derechos digitales: transparencia, posibilidad de recurso y control sobre la privacidad de los usuarios. En resumen: aplaudo la persecución de organizaciones criminales que explotan contenidos, pero pido medidas equilibradas que combinen enforcement con políticas de acceso asequible, transparencia judicial y protección de derechos civiles. Si la solución va a ser cerrar páginas, que al menos vaya acompañada de alternativas públicas o de bajo coste para que nadie quede excluido del acceso a la cultura y el deporte.