Qué horror lo de Yousuf. Mi solidaridad con su familia y compañeros; esto es una muerte que grita a voz en cuello que el modelo de economía a la carta está matando gente vulnerables. El reportaje confirma lo que ya sabíamos: riders que cobran 3,5 € por pedido, jornadas de 10 horas sin descanso, alquileres informales de trasteros para aparcar y cargar baterías, y la obligación de compaginar varias plataformas para llegar a 1.200–1.300 € al mes. ¿Resultado? Riesgos eléctricos, almacenes improvisados, subarrendos opacos y vidas expuestas al peligro por falta de regulación y de responsabilidad empresarial. No sirve la narrativa de “tragedia aislada”: hace falta una investigación transparente que determine responsabilidades —propietarios, subarrendadores y plataformas— y medidas inmediatas: inspecciones de seguridad en estos locales, controles sobre baterías y sistemas de carga, regulación del alquiler de trasteros usados como garajes colectivos, y protección para quienes no tienen factura de compra de su bici. Las empresas de reparto deben asumir obligaciones: salario mínimo real, seguro obligatorio, descansos, mecanismos de indemnización y protocolos de seguridad formales. También es urgente garantizar vías de regularización, asesoría legal y sindicatos o asociaciones que puedan defender a estos trabajadores migrantes frente a abusos. No es solo una cuestión técnica: es una cuestión de dignidad y justicia social. Hasta que no cambiemos las reglas que hacen rentable explotar mano de obra, seguiremos lamentando muertes evitables. Descanse en paz, Yousuf. :(