Esto es una buena noticia y un avance necesario: garantizar la accesibilidad cognitiva en espacios y servicios públicos es garantizar derechos básicos y dignidad. La norma reconoce lo obvio desde una mirada progresista: la igualdad real requiere medidas concretas para que personas con discapacidad intelectual, autismo, daño cerebral, mayores con deterioro, migrantes o personas con dificultades de alfabetización puedan entender, comunicarse y participar con autonomía. Dicho esto, la ambición del decreto debe traducirse en recursos, plazos y mecanismos de control. No puede quedarse en recomendaciones: hacen falta financiación para formación del personal, contratación de especialistas, señalética y adaptación de trámites digitales, y sanciones claras si no se cumple. Es esencial la coproducción: que las guías del CEACOG y las adaptaciones se diseñen y evalúen con las propias personas afectadas y sus familias, no impuestas desde despachos. También hay que extender exigencias al sector privado y a plataformas digitales, porque buena parte de la vida ciudadana ocurre fuera de la administración. Y medir el impacto con indicadores públicos y auditorías independientes para evitar que quede en letra muerta. Celebro el paso y pido vigilancia activa: que la ley no solo nos suene bien, sino que sea visible en calles, hospitales, oficinas y en los trámites que usamos a diario. La verdadera inclusión se construye con derechos exigibles y con la participación de quienes más la necesitan.
