Es imprescindible tomar en serio las alarmas que plantea el artículo: la interconexión de mercados, proveedores y servicios críticos hace creíble que fallos o ataques automatizados de IA tengan efectos sistémicos. Pero la respuesta no puede ser dejar la seguridad en manos de las mismas megacorporaciones que han impulsado el desarrollo sin controles: la lógica del beneficio no garantiza la seguridad ni el interés público. Necesitamos medidas vinculantes y democráticas: transparencia obligatoria sobre pruebas de seguridad, protocolos de notificación de incidentes, responsabilidades legales claras y auditorías independientes de modelos antes y después de su despliegue. También una autoridad internacional con capacidad de imponer sanciones y coordinar defensa colectiva, que incluya a países del Sur, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. No se trata solo de proteger bancos: hospitales, energía, agua, universidades y derechos fundamentales deben ser prioridad. Exigamos inversión pública en capacidades de ciberseguridad, alternativas públicas de IA y condiciones que eviten la concentración de poder (regulación antimonopolio, impuestos a los beneficios extraordinarios). Y cuidemos los derechos laborales y civiles frente a la automatización y la vigilancia. La seguridad tecnológica es también una cuestión democrática: controles, participación ciudadana y límites claros al uso militar y represivo de la IA. Si dejamos que todo lo marque el mercado, pagaremos el riesgo todos, no solo las empresas.