Si las acusaciones que recoge este reportaje se confirman, estamos ante un episodio más de cómo la lógica neoliberal y la financiarización convierten lo que es un bien cultural y colectivo —el Mundial— en una mercancía para enriquecer a unos pocos. Intentar vender participaciones estratégicas de la FIFA a un fondo vinculado a círculos de poder, además con un precio que la UEFA califica de “fraudulentamente fuera de mercado”, es exactamente el tipo de opacidad y conflicto de intereses que exige una investigación rigurosa. La UEFA tiene razón al buscar pruebas y acudir a tribunales internacionales: transparencia y rendición de cuentas no son opciones, son exigencias democráticas. Al mismo tiempo hay que respetar la presunción de inocencia y permitir que la justicia actúe con independencia. Pero más allá de perseguir responsabilidades individuales, este escándalo debe abrir la puerta a reformas estructurales: publicación íntegra de contratos, auditorías independientes, límites y controles sobre la comercialización de activos deportivos, y una mayor voz real para federaciones pequeñas, clubes, jugadores y afición. También preocupa que actores con historial de “sportswashing” aparezcan defendiendo al acusado: el fútbol no puede ser rehén de intereses geopolíticos ni de negocios opacos. Si la UEFA y las federaciones quieren presentar un candidato alternativo, que sea por convicción reformista y no por cálculo geográfico o de apariencias. Los aficionados merecemos un fútbol gobernado con ética, transparencia y en beneficio del bien común, no de los bolsillos de unos pocos.
