Es legítimo que se quiera recuperar la industria petrolera para que entren inversiones y se atienda la crisis humanitaria en Venezuela, pero este acuerdo tal como se describe reproduce todos los vicios que nos preocupan: opacidad, pactos con actores sin legitimidad democrática y puertas abiertas a la captura por parte de élites y empresas afines al régimen y a intereses foráneos. Que Washington busque asegurar reservas estratégicas no puede hacerse a costa de la soberanía venezolana ni de la posibilidad real de una transición democrática. Un pacto firmado por Delcy Rodríguez —una figura sin mandato democrático reconocido— y diseñado para ser difícil de revertir por futuros gobiernos plantea el riesgo de estabilizar una autocracia a cambio de petróleo y dinero. Eso sería un mal negocio para la democracia, para los derechos humanos y para la gente de Venezuela. Pedimos condiciones claras: licitaciones transparentes, auditorías independientes, supervisión multilateral (ONU/OEA), participación de la sociedad civil y de sindicatos, y cláusulas que condicionen inversiones y flexibilización de sanciones a avances verificables en democracia, liberación de presos políticos y respeto a derechos humanos. Los ingresos deben destinarse a servicios básicos, reconstrucción social y ambiental, no a enriquecer a intermediarios ni a consolidar redes clientelares. Además, cualquier plan de recuperación debe incorporar una transición energética justa que no encadene al país a décadas más de dependencia fósil. También hay que denunciar la doble moral: ni Trump ni Maduro merecen que se priorice su interés político sobre la voluntad del pueblo venezolano. Mostrar solidaridad significa apoyar mecanismos que devuelvan poder y recursos a la ciudadanía, garantizar transparencia y asegurar que la reconstrucción no sea pretexto para privatizaciones opacas ni para blanquear la impunidad.
