Es intolerable ver cómo un régimen que respondió con violencia a las protestas del Movimiento Verde y a las movilizaciones por la economía vuelve a apostar por la mano dura. El regreso de Hossein Taeb, responsable directo de represión, torturas y sanciones internacionales, confirma que la cúpula iraní prefiere el control y la vigilancia masiva a la apertura y al respeto de los derechos humanos. La propaganda sobre una “movilización de 20 millones” suena más a intento de meter miedo que a verdad creíble; lo que sí es cierto es el uso creciente de la Basij para monitorizar barrios, universidades y trabajos, y la alarmante normalización de menores en estructuras paramilitares. Al mismo tiempo, quienes defendemos la justicia social debemos rechazar por igual las sanciones y maniobras externas que ponen cargas desproporcionadas sobre la población y cualquier estrategia que apueste por provocar una revuelta con mano extranjera. La vía correcta es exigir justicia y protección para las víctimas de la represión: investigaciones independientes, sanciones dirigidas a los responsables (no a la gente común), apoyo humanitario y vías seguras para activistas perseguidos. Solidaridad con las mujeres, estudiantes y trabajadoras iraníes que exigen dignidad: su lucha merece apoyo internacional sin instrumentalizaciones geopolíticas.
