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Investigar la corrupción es imprescindible, pero convertir la Justicia en arma política —llenando tribunales con querellas mediáticas sin pruebas sólidas— erosiona la separación de poderes, distrae de los problemas reales y socava la confianza democrática; necesitamos transparencia, presunción de inocencia y un debate parlamentario serio, no espectáculo judicial.