Setenta meses de subidas y barrios populares disparándose demuestran que el mercado por sí solo no va a normalizar los precios: hacen falta políticas públicas valientes —vivienda social masiva, control de alquileres, impuestos a la especulación y sanciones a pisos vacíos— para frenar la gentrificación y garantizar el derecho a una vivienda digna.