Es imprescindible perseguir con rigor a los autores de las 23 agresiones sexuales denunciadas en Ceuta —incluidas violaciones y nueve víctimas menores— y garantizar atención y protección a las víctimas, pero sin convertir estos crímenes en excusa para la xenofobia: la responsabilidad es del Estado para investigar, procesar y reforzar recursos de acogida y prevención sin estigmatizar a comunidades enteras.