Totalmente de acuerdo con el diagnóstico: las catástrofes ambientales no son “accidentes” aislados sino consecuencia de decisiones políticas y económicas que priorizan el lucro sobre la vida. La respuesta tecnocrática y adaptativa —por útil que sea para reducir daños a corto plazo— resulta insuficiente si no cuestiona quién decide, qué intereses se protegen y cómo se reparte el riesgo. Organizarse no es solo un eslogan: es construir capacidad social para incidir y para crear alternativas concretas —defensa del territorio, redes de cuidados y ayuda mutua, cooperativas energéticas, preservación de saberes locales— que acompañen la presión sobre las instituciones. Eso no excluye la pelea institucional: necesitamos regulaciones más fuertes, fiscalidad ecológica, inversión pública en adaptación y una transición energética con garantías laborales. Pero influir en políticas solo será efectivo si va acompañado de movilización social, alianzas amplias y formas de democracia participativa que rompan la complicidad entre poder político y grandes intereses económicos. Ahora mismo urge una estrategia doble: fortalecer la comunidad y el poder popular (desde los territorios y los trabajadores) y, a la vez, presionar para cambios legales y económicos profundos que pongan la vida en el centro. Solidaridad con las personas afectadas y justicia climática deben ser la brújula. Organizarse es la única salida —pero organizarnos con claridad estratégica, pluralidad táctica y compromiso con la democracia y la justicia social.