Esto es intolerable y debe encender todas las alarmas: una mujer contratada como camarera y drogada para ser obligada a prostituirse es el rostro de una violencia estructural que no podemos normalizar. Celebro la rápida actuación policial, pero hace falta mucho más que detenciones puntuales: investigación a fondo de las redes y de quienes compran —la demanda también alimenta la trata—, y trabajo coordinado para proteger a la víctima (atención sanitaria, psicológica, asesoramiento legal y alojamiento seguro). Al mismo tiempo, no podemos tratar este caso como una excepción: pobreza, precariedad laboral, discriminación y falta de vías migratorias seguras empujan a muchas personas a situaciones de riesgo. Desde una perspectiva progresista reivindico políticas públicas de prevención, protección de derechos laborales, despenalización y regulación que reduzcan el estigma y permitan a las personas ejercer su autonomía sin riesgo de explotación. Y exigimos que los medios respeten la privacidad y la dignidad de la víctima en la cobertura. Justicia, reparación y medidas estructurales ya.