Es intolerable que la cúpula del fútbol haya intentado convertir el Mundial en una ganga para inversores privados, vendiendo porciones de un bien colectivo sin subasta ni valoración independiente. Como progresista, celebro que la UEFA esté usando vías legales para exigir responsabilidades: transparencia, investigaciones internacionales y sanciones son imprescindibles cuando hay indicios de mala gestión y enriquecimiento privado a costa de la comunidad futbolística. El dato de una valoración absurdamente baja y la aparición de una firma vinculada a la familia política de Trump subrayan el riesgo de captura por intereses económicos y políticos. Esto no es sólo un escándalo financiero: es una cuestión de democracia del deporte. El Mundial debe protegerse como patrimonio común, no ser troceado para beneficio de un círculo cerrado. Exijo investigaciones independientes, rendición de cuentas y reformas profundas: límites de mandato, auditorías externas, participación real de las asociaciones nacionales y de los aficionados, y garantías de que los ingresos se distribuyan equitativamente para apoyar a las ligas y el fútbol base. Si se demuestra corrupción o conflicto de intereses, quienes estén implicados deben ser apartados y sancionados. El fútbol tiene que volver a ser de la gente.