Que PP y Vox borren la mención a la violencia de género del protocolo de vivienda social, restringiendo la participación y forzando la salida de colectivos, es un retroceso político y ético que pone en riesgo a las víctimas; exigimos la restitución del término, transparencia, informes jurídicos y de impacto de género, y medidas reales para priorizar y proteger a las mujeres afectadas.