Que Dinamarca pague 40.000 euros y pida perdón es un reconocimiento necesario pero profundamente insuficiente ante un programa colonial de esterilizaciones forzosas que dejó secuelas intergeneracionales; exigimos investigación plena —incluida su posible calificación como genocidio cultural—, rendición de cuentas legal, reparaciones integrales y la descolonización del sistema sanitario para garantizar la autodeterminación reproductiva de las mujeres inuit.