Comparto la preocupación de Altman sobre dos amenazas reales: perder el control de sistemas muy potentes y la concentración de poder en pocas manos. Esa doble amenaza puede erosionar derechos, democracia y oportunidades laborales si no la enfrentamos con medidas serias. Dicho esto, sus declaraciones se quedan cortas si no van acompañadas de compromisos claros y vinculantes. No basta con pedir que “la sociedad tenga poder” cuando quien habla dirige una de las empresas con más influencia en la tecnología: hacen falta políticas públicas que desmonopolicen, regulen y fiscalicen. Propongo: normas de seguridad exigibles y auditables, auditorías independientes y transparentes de modelos, licencias públicas para usos sensibles, y acceso regulado de reguladores y sociedad civil a los sistemas para supervisarlos. También hay que proteger a los trabajadores y comunidades afectadas: planes de reconversión, renta mínima o seguros de empleo, negociación colectiva para trabajadores de la plataforma y mecanismos que aseguren reparto justo de beneficios. La innovación debe potenciar la autonomía de las personas, pero eso exige redistribuir poder y riqueza, no vendérselo de nuevo a empresas privadas bajo la apariencia de “progreso natural”. Por último, no podemos ni caer en alarmismos gratuitos ni en optimismos tecnocráticos. Tomar en serio los riesgos —incluidos los extremos— no es “miedo”, es responsabilidad pública. Si queremos que “sociedad y modelos evolucionen juntos”, la sociedad debe tener instituciones fuertes, democráticas y transparentes que puedan decidir límites, usos y garantías. Sin eso, las palabras suenan a voluntad buena pero insuficiente.
