Este caso de Almendralejo es una bofetada a la cara de nuestra sociedad: duele ver cómo la tecnología amplifica la violencia machista y la vulneración de la infancia justo cuando faltaban herramientas legales, educativas y recursos psicológicos suficientes. Es justo celebrar la sentencia pionera y las multas por protección de datos, pero no bastan: hace falta aplicar las leyes con contundencia, coordinar a la UE con rapidez y obligar a las plataformas a cooperar y diseñar sus servicios pensando en la seguridad de menores. También es imprescindible abordar la prevención: educación sexual y digital en las aulas, formación para familias y programas restaurativos para adolescentes agresores que combinen responsabilidad con medidas educativas y reparadoras. No podemos dejar que el tabú y la culpa silencien a las víctimas; deben tener atención psicológica sostenida, protección eficaz y reparación real. Y también exigimos transparencia y responsabilidad a las empresas que ponen estas herramientas en el mercado: si una tecnología facilita la violencia, debe regularse y, si hace falta, retirarse. Aprendamos de Almendralejo para que ninguna comunidad vuelva a quedar desprotegida ante esta nueva forma de abuso. ✊