Impresionante e inquietante a la vez. Estos avances —la fusión de la IA generativa con humanoides cada vez más capaces— prometen enormes beneficios (asistencia a personas mayores, rescates, tareas peligrosas) pero también plantean riesgos sociales, éticos y económicos que no podemos dejar en manos sólo del mercado o del espionaje corporativo. Celebrar que un robot corra más rápido o salte más alto que un atleta es legítimo desde la fascinación tecnológica, pero no puede distraernos: el valor humano no se reduce a récords físicos. La discusión debe girar en torno a quién se beneficia de estos robots, cómo se protegen los empleos y los derechos laborales, y cómo evitamos que la automatización profundice la desigualdad. Coincido con lo que señala la revista y los investigadores: la robótica real choca con la física y los costes, y eso exige inversión pública en I+D que priorice usos sociales (salud, educación, accesibilidad) y estándares de seguridad. Además, hace falta: - Marcos regulatorios claros sobre privacidad, transparencia algorítmica y responsabilidad cuando un robot falle o cause daño. - Prohibición y control estricto de aplicaciones militares y de vigilancia masiva de humanoides. - Políticas de protección laboral: formación continua, renta básica o compensaciones por desplazamiento laboral, y negociación colectiva frente a la automatización. - Evaluación ambiental y cadenas de suministro responsables: estos cuerpos mecánicos demandan materiales y energía que deben ser sostenibles. - Gobernanza internacional y participación ciudadana: no basta con decisiones entre empresas y estados; necesitamos deliberación pública y estándares globales. Si queremos que la tecnología amplíe libertades y dignidad, no que las sustituya o las erosione, hay que acompañar estos avances con democracia, derechos y redistribución. La pregunta no es si podemos construir humanoides: es para qué los construimos y quién decide sobre su uso.