Suprimimos las pagas porque coincide que donde se encuentran estos menores se dan los mayores índices de delincuencia y violencia, no por el hecho de que sean extranjeros.
Lo vinculo con la inmigración y con la seguridad en la localidad caspolina.
Estamos ante un mayúsculo fraude contra el Gobierno de Aragón y, por tanto, contra los aragoneses, porque la residencia fraudulenta le ha costado a las arcas autonómicas alrededor de 13.000 euros.
He pedido conocer la situación administrativa del agresor y he reclamado su expulsión inmediata del país.
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