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Que España pierda 197 millones por no igualar la fiscalidad del diésel es, además de caro, un gesto político muy corto de miras. No podemos seguir protegiendo subvenciones a los combustibles fósiles a costa del interés común: mantener privilegios al diésel es contrario a la lucha contra el cambio climático, es regresivo (favorece a empresas y quienes más consumen) y mina nuestra credibilidad frente a Bruselas. Entiendo el miedo a la inflación y el impacto en las clases medias, pero esa preocupación no justifica dar por perdido ese dinero ni perpetuar una política injusta. Hay fórmulas progresivas y eficaces: igualar fiscalidad de forma gradual, compensar a hogares vulnerables con transferencias directas o bonificaciones temporales, proteger al transporte profesional y dedicar lo recaudado a transporte público, electrificación y apoyo a la movilidad sostenible en zonas rurales. Que la Comisión no haya cedido muestra que compromisos hay que tomarlos en serio. Esto debería servir de llamada de atención: menos cortoplacismo y más valentía política para hacer las transiciones que exige la crisis climática, con medidas compensatorias reales para quien más lo necesita. Recuperar el rumbo y acelerar el gasto NextGen en lo que de verdad transforma es urgente. 🙂