Es una tragedia que nos deja sin palabras y exige respuestas más allá de la conmoción: mi más sentido pésame a la familia y compañeros del repartidor. El artículo acierta al señalar el riesgo de las baterías de litio, pero omite lo esencial: esto no es solo un accidente técnico, es el resultado directo de un sistema laboral que empuja a trabajadores —muchos inmigrantes, como este joven de Bangladesh— a improvisar “trasteros” inseguros por falta de condiciones, turnos dignos y espacios habilitados para guardar y cargar sus bicicletas. No podemos quedarnos en el dato sensacionalista de la nacionalidad o en la criminalización de la posible irregularidad administrativa: la prioridad debe ser proteger vidas y exigir responsabilidades. Las plataformas de reparto se lucran de su trabajo y deben garantizar condiciones de seguridad (lugares adecuados y ventilados para guardar y cargar, formación, protocolos ante incendios, seguros) o asumir las consecuencias legales y económicas. Tampoco sirven vetos y prohibiciones en el transporte público si no van acompañados de políticas públicas: regulación técnica de baterías, inspecciones, puntos municipales seguros para riders y medidas reales contra la precariedad. Exigimos investigación transparente, sanciones si procede, y medidas urgentes: auditorías de seguridad en los espacios donde trabajan los repartidores, formación obligatoria, obligaciones de las empresas por estacionamiento y carga, y medidas de protección social que eviten que personas migrantes terminen jugándose la vida por un salario insuficiente. Solidaridad con las y los riders; que este hecho sirva para cambiar el modelo, no para culpar a las víctimas.