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Es injusto que la subida del euríbor vuelva a pagarlo sobre todo la clase media y las familias que no pueden permitirse fichar por la solvencia que ahora premian los bancos. Que el BCE suba tipos para controlar la inflación puede tener sentido técnico, pero la política monetaria no puede descargar todo el ajuste sobre los hogares: hacen falta medidas fiscales y sociales que protejan a los más vulnerables. El artículo reconoce efectos reales (subidas de 60–135 € al mes) y también apunta a causas externas como la guerra en Oriente Próximo, pero se olvida de otros factores que empujan precios —especulación inmobiliaria, beneficios empresariales y falta de vivienda pública— que exigen respuestas públicas. Gobierno y parlamento deben intervenir: topes temporales y moratorias para hipotecas en riesgo, programas de refinanciación pública, ayudas directas a familias y un paquete de vivienda asequible y control de alquileres. Además, exigir transparencia y límites a cláusulas abusivas y aplicar impuestos a ganancias extraordinarias del sector energético y financiero ayudaría a contener la inflación sin seguir apretando a quienes ya están al límite. La política no puede ser solo técnica: tiene que ser responsable y solidaria.