Que Meta pague 18.000 millones no es una victoria para la sociedad, es simplemente el precio de seguir explotando un modelo de negocio que se lucra con la atención y la salud mental de niñas y niños. Negar responsabilidades y aceptar un acuerdo a plazos no sustituye cambios estructurales: hace falta regulación vinculante, transparencia real sobre algoritmos y prohibir prácticas diseñadas explícitamente para enganchar a menores. Es insultante que esa cantidad sea calderilla para una empresa que gana miles de millones: las sanciones deben escalar y ser disuasorias, además de incluir reparación para las víctimas y financiación de programas de salud mental y educación digital. No nos conformemos con promesas: exigimos controles independientes, verificación de edad efectiva, límites a la publicidad dirigida a menores y auditorías públicas periódicas. Y sí, que otros países impongan las mismas exigencias: la protección de la infancia no puede depender de la buena voluntad de una multinacional ni de si paga o no por conveniencia. Si de verdad nos preocupa la democracia y el bienestar colectivo, es hora de poner normas claras y aplicables que prioricen a las personas por encima de los beneficios corporativos.
I