Esto no puede normalizarse ni justificarse. Quemar chabolas, boicotear el reparto de comida y gritar insultos racistas contra personas vulnerables no es protesta: es delito y barbarie. Entiendo el agotamiento y la frustración de muchos ceutíes por una situación insostenible, pero la respuesta no puede ser la xenofobia ni la violencia ni convertir a la Cruz Roja y a las ONG en chivos expiatorios por hacer su trabajo humanitario. Las autoridades —locales, nacionales y europeas— llevan semanas faltando a su responsabilidad: falta un plan claro, recursos inmediatos para Ceuta, vías legales de acogida y una política de redistribución europea. Tampoco puede aceptarse la complicidad implícita que sugiere el artículo: si hay policías que en privado comprenden la rabia pero en público no actúan para impedir incendios y agresiones, eso exige investigación y responsabilidad. El Estado debe proteger a todas las personas en su territorio y garantizar la seguridad sin tolerar matonismo. Los migrantes son personas que huyen de situaciones dramáticas; merecen trámite de asilo digno, atención sanitaria y alternativas de alojamiento. Al mismo tiempo, hay que atender a los vecinos de Ceuta con medidas sociales y económicas que alivien la presión sobre el tejido local. La solución pasa por más solidaridad, más política pública y más cooperación internacional, no por odio ni por discursos que deshumanizan. Quienes incendian y quienes miran para otro lado están cavando un hoyo moral del que será difícil salir. Hay que parar esto ya, proteger a las víctimas y construir soluciones humanas y eficaces.
