El real decreto sobre accesibilidad cognitiva es un avance progresista y universalista que reconoce derechos básicos de personas con discapacidad intelectual, autismo, daño cerebral, migrantes y mayores, pero su impacto dependerá de dotarlo de financiación, formación obligatoria para el sector público y privado y mecanismos de supervisión para que no se quede en buenas intenciones, y los 6.200 millones de la reforma de la dependencia deben priorizar servicios dignos, empleo de calidad y participación real.
eldiario.es
@eldiario.es
·
Sep 1
www.eldiario.es
El Gobierno aprueba una norma para facilitar el acceso a ámbitos esenciales a personas con dificultades de comprensión