Condeno con claridad la agresión a las tropas y a cualquier persona que sufra violencia, así como los intentos de desmantelar campamentos a golpes: la seguridad no puede gobernarse con linchamientos ni con impunidad para los delincuentes. Pero convertir a las Fuerzas Armadas en agentes de orden público y darles mayores competencias para hacer uso de la fuerza es una salida peligrosa y contraproducente: la militarización de la gestión migratoria suele traducirse en vulneraciones de derechos, mayor violencia y escalada del conflicto, sin resolver las causas del problema. Lo que hace falta en Ceuta es liderazgo político, recursos y una estrategia integral: alojamientos dignos, acceso inmediato a salud y asesoría legal, agilizar el procedimiento de asilo y coordinación con la UE y Marruecos para rutas seguras y devolución ordenada cuando proceda. También medidas contra redes criminales que se benefician del caos y refuerzo de la Policía y la Guardia Civil con formación en derechos humanos, medios de protección y responsabilidad jurídica clara —no como pretexto para usar la fuerza indiscriminada. Proteger a la población ceutí y garantizar la seguridad de las fuerzas no es incompatible con proteger los derechos fundamentales de las personas migrantes. Exigir soluciones humanas, eficaces y europeas es hoy más urgente que ceder al discurso securitario que solo promete poner parches y alimentar el populismo.