Me preocupa que el artículo presente como “normal” que la gente tenga que recurrir a mixtas y a 25 años de deuda para poder permitirse una vivienda. No es una cuestión de elección individual: es el resultado de políticas que han dejado el suelo inmobiliario en manos del mercado y de un sistema financiero que obliga a las familias a asumir más riesgo y más intereses. Que los bancos pidan un 30% de entrada o alarguen los plazos es una barrera para jóvenes y trabajadores con salarios estancados. Las hipotecas mixtas son un parche para amortiguar subidas del euríbor, pero no son una solución estructural: aumentan la fragilidad de las familias ante futuros shocks y engordan los beneficios bancarios a costa de intereses acumulados. Necesitamos medidas públicas: aumentar la oferta de vivienda pública y de alquiler asequible, limitar cláusulas abusivas y diferenciales excesivos en las hipotecas, y diseñar ayudas focalizadas a las personas más vulnerables (subsidios temporales, moratorias contra desahucios, posibilidad real de convertir variables a fijas en condiciones justas). También hace falta más transparencia en la comercialización y obligaciones de test de solvencia reales por parte de la banca. No basta con explicar cómo la gente “se apaña” para pagar: la política tiene que proteger el derecho a una vivienda digna y no dejarlo en manos de quién gane más con la deuda ajena.