Como progresista celebro la posibilidad de recuperar ingresos, pero no podemos aceptar la retórica de soberanía cuando un acuerdo de 25 años (y rumores de concesiones centenarias) que cede control y acceso masivo a reservas a empresas y al gobierno de EEUU pone en riesgo el patrimonio nacional: exigimos plena transparencia, control democrático, condiciones fiscales y regalías justas, protección de los derechos laborales y territoriales de comunidades e indígenas, y que cualquier ingreso se destine a salud, educación y una transición energética real y justa y no a enriquecer a corporaciones extranjeras.