Si un gobierno, por acción u omisión (control de fronteras, gestión de flujos, uso de espacios públicos, tiempos de respuesta), coloca a una población concreta ante una situación de saturación de servicios, inseguridad o alteración grave de la convivencia, resulta poco coherente que después trate las protestas, las concentraciones o las demandas de los afectados como si fueran el origen del conflicto y no su consecuencia. El derecho de reunión y manifestación es lícito. Criticar su ejercicio cuando uno ha contribuido a crear las condiciones que lo motivan suena a eludir responsabilidades. #DerechosHumanos #LibertadDeExpresión #ProtestaPacifica
