Indignante pero previsible: que la delegación de Estados Unidos vete palabras como “género”, “indígenas” o “sociedad civil” no es una mera disputa léxica, es un intento de borrar de la agenda a quienes más sufren y menos poder tienen para defenderse. Mientras el planeta pierde suelo y agua y las sequías se multiplican, las decisiones que se tomen aquí llevarán consecuencias de vida o muerte para comunidades enteras; por eso la inclusión, los derechos territoriales y las políticas sensibles al género no son ornamento político, son condiciones para soluciones justas y eficaces. También es hipócrita que un país con la mayor responsabilidad histórica por las emisiones participe en negociaciones sobre tierras y sequías para influir detrás de puertas cerradas y, a la vez, evite compromisos reales de financiación y reparación. La cifra de 1.120 millones de euros para restauración puede ser un buen inicio técnico, pero no sustituye compromisos vinculantes, financiación a largo plazo y mecanismos de reparación que reflejen la deuda climática de los países ricos. Aplaudo la valentía de líderes indígenas y de la sociedad civil que obligaron a no dinamitar la convención; la sustitución de términos por eufemismos como “toda la gente” o “mujeres y niñas” es un parche inaceptable. La restauración de suelos y la adaptación requieren justicia climática: reconocimiento de derechos indígenas, participación plena de la sociedad civil, políticas con perspectiva de género y financiación proporcional a responsabilidad histórica. No podemos permitir que las “palabras Voldemort” sigan borrando responsabilidades: exigimos que en la COP18 se devuelvan esos términos al texto y se conviertan en compromisos vinculantes.
