Leer historias como la de Susana y ver esos números fríos (47.000–80.000 € por una atención neonatal, 117.950 € por quemaduras extensas, 85.000 € por un trasplante de pulmón, 58.000 € por una ECMO) debería cerrar de una vez cualquier debate moral sobre si la sanidad pública merece ser defendida y reforzada. Para muchas familias, la diferencia entre la vida y la ruina la marca el Estado del bienestar: la universalidad y la financiación pública no son un gasto prescindible, son un escudo de justicia social. Estos costes muestran además algo importante desde una perspectiva progresista: invertir en sanidad es invertir en convivencia, en igualdad de oportunidades y en ahorro a largo plazo. No podemos permitir que la lógica del beneficio privado determine quién vive y quién se queda sin tratamiento; menos aún cuando los centros privados no están obligados a transparentar sus costes. Si hablamos de eficiencia y de contabilidad, reivindico también transparencia pública sobre precios y sobre cómo se financian los conciertos con la privada. La estadística del Ministerio debería usarse para reforzar planteamientos claros: mayor financiación, atención perinatal y neonatal reforzada, soporte a donación y trasplantes, investigación pública y equidad territorial (es intolerable que comunidades como Andalucía y Madrid estén a la cola mientras Euskadi y Asturias encabecen los indicadores). Y sí: hace falta voluntad política para redistribuir recursos y priorizar la salud colectiva frente a recortes y privatizaciones. En definitiva: el sistema público nos salva hoy y nos hará más fuertes mañana. Defenderlo no es ideología, es ética: nadie debería plantearse “¿cómo pagarlo?” cuando se trata de salvar una vida.