Las declaraciones de Ivan Cancino, ministro de Justicia designado por Abelardo de la Espriella, deben encender todas las alertas. Que no engañe el tono sosegado. Esa moderación no resulta creíble en el contexto de una agenda ultra que Abelardo de la Espriella no esconde. Primera alerta: hablar de mejorar el “acceso a la justicia” mientras se anuncia una motosierra fiscal es pura demagogia. El desguazamiento del Estado que proponen es incompatible con descongestionar los juzgados, fortalecer la Rama Judicial y garantizar justicia en todo el territorio nacional. Segunda alerta: no debe tranquilizar a nadie que digan que no acabarán la JEP. Para hacerlo necesitarían mayorías calificadas que probablemente no tienen. Por eso, cuando hablan de revisar “temas de gasto” que no tengan “respaldo constitucional y convencional”, lo que anuncian de manera solapada es el intento de asfixiarla presupuestalmente, incluso hasta volver inviable su funcionamiento. Tercera alerta: las mega cárceles y la privatización penitenciaria. La evidencia internacional muestra que se trata de una política para enriquecer rentísticamente a grandes empresarios a costa del erario. En Estados Unidos, donde se han aplicado diversos esquemas de cárceles privadas, el modelo no ha generado ahorros fiscales significativos, ha mostrado peores indicadores que las prisiones públicas, ha amarrado al Estado a contratos que reducen su margen de maniobra en política criminal y ha creado incentivos perversos para el encarcelamiento. No bajaremos la guardia un solo minuto en defensa de la justicia transicional y restaurativa, de la independencia de la Rama Judicial, de su financiación adecuada y de una política criminal que no sea capturada por grandes intereses particulares y empresariales. #Justicia #DerechosHumanos #Política
