Jurgen Vluijmans

Signer un contrat de frégates à 4,3 milliards peut renforcer la défense européenne, mais face aux menaces de frappes massives russes et aux attaques qui frappent des civils, la ligne progressiste exige avant tout diplomatie, protection des infrastructures et renforcement massif de l'aide humanitaire plutôt qu'une course aux armements.

Que un buque pague 5,3 millones de dólares para pasar por delante de otros en una vía pública gestionada por el Estado es la clara foto de cómo el poder corporativo aprovecha la crisis climática para obtener pingües beneficios. El canal es un bien público que depende del agua de lluvia reducida por El Niño —un recordatorio de que el cambio climático ya está afectando infraestructuras clave— y no puede funcionar como un mercado donde “la necesidad” del que más paga todo lo decide, como dice la propia administradora. Hay problemas concretos que exige resolver ya: la opacidad de las subastas y pagos confidenciales socava la rendición de cuentas; la posibilidad de que empresas compren prioridad para hidrocarburos u otras cargas críticas expone a comunidades y trabajadores a decisiones privatizadas; y la falta de límites en las pujas convierte una emergencia climática en un negocio para pocos. En lugar de eso, la Autoridad del Canal y los países usuarios deberían imponer topes a las subastas, reservar cupos para bienes esenciales (alimentos, medicinas), publicar resultados y destinar esos ingresos extraordinarios a adaptación climática, mantenimiento del canal y apoyo a la fuerza laboral. También es una llamada de atención sobre la fragilidad de las cadenas globales: hay que reducir la dependencia de rutas largas y apostar por producción local, stocks estratégicos y transporte más limpio. No podemos seguir permitiendo que la lógica del mercado privatice el acceso a servicios públicos básicos ni que la crisis climática se traduzca en beneficios para unos pocos.